Una idea que empezó a colarse desde hace un par de meses es la de emitir certificados de inmunidad contra el COVID-19 para las personas que se han recuperado. De esta forma, estas podrían volver a sus actividades normales y reactivar las economías tan golpeadas por la pandemia.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no estuvo de acuerdo con esta idea ya que, con la información que se maneja hasta ahora, todavía no hay demasiada precisión respecto a la inmunidad de las personas que se recuperaron.

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Y aunque dicho así suena bastante atractivo, lo cierto es que esto tiene más efectos negativos que positivos. La emisión de certificados que limiten las libertades individuales partiendo de aspectos biológicos pueden convertirse en recursos potenciales para restringir derechos humanos, aumentar la discriminación y generar nuevas crisis de salud pública, y a continuación presentamos 10 razones que sustentan esta afirmación.

1. La inmunidad a COVID-19 tras experimentar la infección es un misterio

La información recolectada hasta ahora sugiere que la mayoría de los pacientes que se recuperan de COVID-9 producen algunos anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Pero aún no se sabe si estos sean suficientes para brindarles inmunidad en el futuro, ni su nivel de seguridad ni cuánto tiempo duraría.

Si la inmunidad natural contra el SARS-CoV-2 se comporta de manera similar a la del SARS y el MERS, es probable que las personas estén protegidas de una reinfección durante uno o dos años. Pero si lo comparamos con la del resfriado común, este período de inmunidad podría ser más corto.

2. Las pruebas de anticuerpos no son confiables

Como hemos dicho en otras oportunidades, las pruebas para medir los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 son útiles para conocer la prevalencia y la propagación del coronavirus, sin embargo, no todas son de buena calidad.

Muchas de las pruebas disponibles son lo suficientemente precisas, es decir, tienen al menos un 99 por ciento es especificidad y sensibilidad frente al virus, pero los datos hasta ahora sugieren que la gran mayoría no son confiables.

Cuando una prueba no es lo suficientemente específica, detecta anticuerpos distintos a los que se desarrollan específicamente para el SARS-CoV-2, por lo que los resultados pueden dar falsos positivos, y las personas pueden creer que están inmunes cuando no es así.

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Y cuando la sensibilidad es baja, la prueba requerirá que una persona tenga una alta concentración de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 para poder detectarlos. Esto puede dar lugar a falsos negativos que etiquetará a personas potencialmente inmunes como no inmunes, e incluso alterará los datos de la prevalencia de la infección en la población.

3. Se necesitarían demasiadas pruebas serológicas

Si bien la idea de los certificados sigue sonando atractiva para reactivar la economía, para poder consumarlo sería necesario realizar cientos de millones de pruebas serológicas. El número de incrementa si tomamos en cuenta que las pruebas deberían realizarse dos veces a cada persona ya que cualquiera que haya dado negativo en la primera podría infectarse luego y desarrollar anticuerpos.

Incluso si estos certificados de inmunidad se limitaran a los trabajadores de salud de cada país, la cantidad de pruebas requeridas para emitirlos podría ser inviable y más en un escenario como el actual.

4. Muy pocas personas para reactivar la economía

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Aunque se llevaran a cabo pruebas serológicas masivas, la cantidad de personas recuperadas de COVID-19 sigue siendo muy poca para reactivar la economía.

Y aunque pudieran producirse todas las pruebas necesarias para llevar a cabo un programa de certificación de inmunidad, también hay otro punto que tomar en cuenta: igual serían muy pocas personas para poder reactivar la economía.

Bien sabemos que la proporción de individuos que se sabe que se han recuperado de COVID-19 varía bastante entre diferentes poblaciones. Pero en una conferencia de prensa celebrada en abril, la OMS estimó que solo entre 2 y 3 por ciento de la población mundial se había recuperado del coronavirus.

Esto no quiere decir que el resto ha muerto, sino que en pleno desarrollo de la pandemia, la cantidad de personas recuperadas de COVID-19 sigue siendo muy pequeña como para permitir que solo ellas trabajen. Además, las ganancias no serían las mismas si la clientela (personas que pueden salir por estar certificadas) también es reducida. Por ejemplo, según los informes actuales, solo el 0,43 por ciento de la población de EE.UU. estaría certificada para trabajar.

5. El monitoreo invade la privacidad de las poblaciones

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Las aplicaciones de rastreo son útiles, pero invaden la privacidad y la información puede ser aprovechada con otros fines incluso después de la pandemia.

Corea del Sur implementó un sistema de monitoreo para detectar rápidamente los casos de COVID-19 y contener la propagación, y funcionó. Ciertamente, los sistemas de identificación y monitoreo pueden ser útiles, además de que a nivel electrónico es más difícil incurrir en falsificaciones.

El problema es que este tipo de aplicaciones no solo informarían quién se infectó o quién tiene anticuerpos y es “inmune” frente al coronavirus, sino también la ubicación de la personas, el historial de viajes, las personas con las que ha mantenido contacto y una que otra información sobre su salud, como la temperatura de su cuerpo, ritmo cardíaco, etc.

Y no hay garantía de que, una vez superada la pandemia, estas aplicaciones dejen de implementarse. De hecho, China tiene planes de mantener su sistema de seguimiento de códigos QR incluso después.

6. Habría mayor estratificación social y discriminación

Y como es común entre los seres humanos, es probable que esta certificación dé lugar nuevas diferencias y posibles daños a grupos raciales, sexuales, religiosos u otras minorías, ya que dependiendo de estos factores estos podrían tener más o menos riesgo de haber contraído el virus.

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La certificación basada en anticuerpos contra el SARS-CoV-2 ciertamente dividiría a la población entre “los que tienen” y ” los que no tienen”, es decir, los inmunoprivilegiados y los inmunodeprimidos.

Y en ausencia de una vacuna gratuita y disponible universalmente, tendríamos una sociedad en la que solo los inmunoprivilegiados podrían disfrutar de placeres y de libertad en general. Actividades como el trabajo, ir a museos, conciertos, cultos religiosos, restaurantes, centros de votación e incluso los centros de atención sería posible solo para los sobrevivientes de COVID-19, y no suena nada justo.

7. Se extenderían las desigualdades sociales y financieras

En este escenario también podría haber empleadores que evitarían contratar a personas con riesgo de enfermarse de COVID-19, y preferirían contratar a personas con inmunidad confirmada.

8. División entre las naciones

Los pasaportes de inmunidad contra el COVID-19 también podrían estimular la división entre las naciones. Y es que siendo realistas, no todos los países cuentan con recursos suficientes para implementar un programa de certificación nacional basado en la inmunidad a esta enfermedad. Mientras que los países que sí lo apliquen, podrían restringir el acceso de personas provenientes de estos.

9. Acceso desigual a las pruebas serológicas

Este punto va de la mano con el de la discriminación y la escasa oferta de pruebas serológicas. Los ricos y poderosos tienen más probabilidades de obtener una prueba, y por consiguiente, una certificación, en comparación con los pobres y vulnerables. Y estas diferencias son más acentuadas en países de bajos y medianos ingresos.

Mientras que las personas que necesitan volver al trabajo con mayor urgencia, los trabajadores que deben pagar rentas y que necesitan dinero para comprar alimentos, podrían tener muchas dificultades para hacerse las pruebas de anticuerpos.

10. Los certificados son una amenaza a la salud pública

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Con los certificados de inmunidad las personas sin anticuerpos podrían buscar deliberadamente infectarse e infectar a otros para recuperar sus libertades.

En este punto ya habrá pasado por la cabeza de muchos una posible solución para el problema de la discriminación en la certificación: buscar contagiarse con el virus para poder integrarse plenamente a la sociedad.

En vista de que las libertades sociales y económicas serían un privilegio de las personas que se recuperaron de COVID-19, los individuos que no se enfermaron en esta primera ola podrían verse motivados a exponerse, infectarse e infectar a otros para poder gozar de estos beneficios.

Sin contar que esto significaría una nueva fuente de corrupción, ya que muchos estarían dispuestos a sobornar a los emisores de los certificados, personal de salud y demás personal involucrado para falsificar u obtener el pasaporte.

Referencia:

Ten reasons why immunity passports are a bad idea. https://www.nature.com/articles/d41586-020-01451-0

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