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La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) ha golpeado a Facebook con una multa récord de US$ 5 mil millones por su papel en el escándalo de Cambridge Analytica. La medida representa la finalización de una extensa investigación de un año sobre esta y otras violaciones a la privacidad por parte de la compañía de Mark Zuckerberg.

La investigación encontró que Facebook mintió a los usuarios sobre la manera en que se protegía su privacidad, al permitir a terceros recopilar datos y no crear un programa razonable para evitarlo. Asimismo, la agencia explicó que la empresa utilizó los números de teléfono de los usuarios de manera ilegal y sin su autorización.

Según la FTC, la multa forma parte de un acuerdo en el que el gigante tecnológico se comprometió a aceptar nuevas restricciones para su modelo de negocio. Se trata de la segunda multa más grande que impone la comisión, y la más alta impuesta a una empresa de tecnología por prácticas antiprivacidad.

A través de un comunicado, Joseph Simons, presidente de la FTC, aseguró:

A pesar de las repetidas promesas a sus miles de millones de usuarios en todo el mundo de que podrían controlar cómo se comparte su información personal, Facebook socavó las opciones de los consumidores (…) La magnitud de la multa de $ 5 mil millones y el alivio de la conducta de barrido no tienen precedentes en la historia de la FTC.

Facebook no cumple su promesa

La FTC dijo que Facebook no cumplió el acuerdo establecido con la comisión en 2012, donde se le exigió a la compañía informar a los usuarios sobre la manera en que se manejaban sus datos. Tras el nuevo acuerdo y el pago de la multa, Facebook deberá establecer un comité de privacidad para monitorear las decisiones de la compañía. Este comité se desarrollará en la junta directiva de Facebook, y aumentará la supervisión hacia Zuckerberg.

El acuerdo de hoy también incluye un compromiso de Facebook de pagar US$ 100 millones a la Comisión de Valores y Cambio para eliminar los cargos contra la compañía por engañar a los inversionistas sobre los riesgos de sus prácticas antiprivacidad.