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En medio del creciente debate sobre los riesgos de privacidad que conlleva el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de los gobiernos, la ciudad de San Francisco, en EE.UU., se ha convertido en la primera del mundo en prohibir su utilización.

San Francisco a la vanguardia

La Junta de Supervisores de San Francisco votó ayer a favor de un proyecto de ley que prohíbe al gobierno de la ciudad aplicar la tecnología de reconocimiento facial. La medida se produce mientras los reguladores de la ciudad implementan un plan más riguroso de supervisión de otras tecnologías de vigilancia, incluyendo cámaras de tránsito y lectores de matrículas.

Según The Wall Street Journal, se llevará a cabo una segunda votación sobre esta ordenanza, aunque la votación de hoy fue de 8 a 1 y se considera prácticamente aprobada. El proyecto de ley, llamado ‘Ordenanza de Detención de Vigilancia Secreta’, es el primero de su tipo en aprobarse en EE.UU., mientras que los reguladores de California, Oakland, Massachusetts, Somerville, entre otras ciudades, han manifestado su intención de aplicar prohibiciones similares.

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Es importante aclarar que la prohibición se limita únicamente al uso del reconocimiento facial por parte del gobierno local, lo que quiere decir que las compañías que utilizan la tecnología para obtener más información de sus clientes no entran en la normativa. Tampoco están incluidos en la ley, la policía del estado, la policía federal y el Aeropuerto Internacional de San Francisco, cuya tecnología de reconocimiento facial está en manos de la administración Trump.

Uno de los aspectos positivos del proyecto de ley es que permitirá a las personas dar su aprobación antes de que las agencias del gobierno decidan implementar tecnologías de vigilancia, incluyendo cámaras biométricas, software de vigilancia basado en Inteligencia Artificial (IA), etc.

La aprobación de esta ley es un paso positivo para los derechos civiles, teniendo en cuenta que diversas tecnologías de reconocimiento facial han incurrido previamente en violaciones a la privacidad e incluso en discriminación racial. De hecho, compañías tecnológicas como Google, Amazon y Microsoft, están bajo ataque por su presunta conexión con el Gobierno de EE.UU. para la venta de esta tecnología.

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