Foto: AFP

Los ex ejecutivos de la empresa de telecomunicaciones France Télécom, actualmente conocida como Orange, han sido sometidos a un juicio a raíz de varios suicidios de los trabajadores de la compañía que ocurrieron hace una década.

Según Reuters, la demanda contra los ex ejecutivos se basa en el presunto acoso moral que estos propiciaron dentro de la compañía, creando un entorno hostil que condujo al suicidio de al menos 19 trabajadores. La duración del juicio podría extenderse por dos meses, siendo el caso más relevante que involucra a una compañía y sus directores llevados a juicio para explicar el maltrato al personal.

Entre los 6 ejecutivos acusados se encuentra Didier Lombard, antiguo presidente de France Télécom, el cual ha negado que cualquiera de sus acciones haya conducido a la muerte de un trabajador. Asimismo, el ex jefe de recursos humanos y el antiguo vicepresidente de la empresa han sido acusados de “hostigamiento moral”. Los demás ejecutivos fueron llevados a juicio por complicidad.

Al parecer, los suicidios del personal se produjeron a raíz de una reestructuración de la empresa en 2006, la cual pasó de tener 22,000 trabajadores a generar solo 14,000 empleos en su modalidad de compañía privada. El hostigamiento moral que menciona la demanda se basa en la creación de una presunta cultura de ansiedad por parte de los ejecutivos, quienes trataron de reducir moralmente a los trabajadores con intimidaciones, degradaciones e incluso aislándolos de sus labores.

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A partir del año 2008, 19 trabajadores de la compañía se suicidaron, mientras 12 sobrevivieron a intentos de quitarse la vida y otros 8 sufrieron de depresión severa o fueron expulsados por enfermedades mentales. Lo más alarmante de las acusaciones es que algunos empleados se suicidaron en algunas instalaciones de la propia empresa, por lo que todo ha quedado documentado.

En todo caso, el juicio no se está llevando a cabo por la restructuración de France Télécom, sino por la manera en que estos cambios influyeron en los trabajadores y los comportamientos inusuales de sus ejecutivos. En caso de que estos sean declarados culpables, podrían enfrentar multas de hasta 15,000 euros (US$ 16,800) cada uno y 12 meses en prisión.

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