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Dos hombres fueron acusados ante la corte de Singapur por promover un esquema de mercado piramidal de criptomonedas. Así lo informó la agencia de noticias Channel News Asia este miércoles 10 de abril.

Los dos hombres promovían un supuesto negocio de mercadotecnia multinivel con la criptomoneda OneCoin, a la cual asociaron a luna compañía llamada One Concept Pte Ltd. A uno de ellos se le acusó de dirigir dicha firma.

Según el informe, los residentes de Singapur participaron en el esquema comprando cursos educativos en línea con tokens promocionales, las cuales les permitirían extraer OneCoin. La policía señaló que dicho activo se presentó con características muy similares al Bitcoin. Además, quienes atrajeran a nuevas participantes, obtendrían comisiones superiores.

Dicha actividad iba en contra de la Ley de Prohibición y Comercialización de Niveles Múltiples, siendo descrita como el primer caso de este tipo en el país. El  Departamento de Asuntos Comerciales dirigió las investigaciones.

Dos acusados de fraude bancario podrían estar relacionados con casos de QuadrigaCX y Bitfinex

Todo se remonta al mes pasado, cuando las autoridades estadounidenses calificaron a OneCoin como una criptomonedas fraudulenta. Su fundador, Konstantin Ignatov y su hermana mayor, Ruja Ignatov, recibieron cargos penales por estafar a los inversores interesados en obtener grandes rendimientos a un bajo riesgo bajo un esquema de fraude.

Los documentos legales emitidos por Estados Unidos señalan que los demandados hicieron creer a los inversores que el valor de OneCoin se determinaba según la oferta y la demanda. Sin embargo, la realidad era que su precio determinaba internamente, y que su extracción se hacía utilizando los servidores de la empresa.

Por esta razón, la policía de Singapur recomendó no participar en ningún plan relacionado con OneCoin o One Concept Pte Ltd. Ambos se encuentra en la Lista de Alertas para inversores emitida por la Autoridad Monetaria de Singapur.

El castigo por el delito conlleva un máximo de cinco años de cárcel y una multa máxima de S $ 200,000.

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