El Parlamento de Australia aprobó hoy un proyecto de ley que permitirá a las autoridades de ese país encarcelar a los ejecutivos de compañías de redes sociales si en sus plataformas se promueve violencia generalizada, como el reciente ataque terrorista a dos mezquitas en Nueva Zelanda difundido a través de Facebook.

Según The New York Times (NYT), la nueva ley estipula el pago de multas de hasta el 10 por ciento de las ventas netas de la compañía en todo el mundo durante los 12 meses previos a la infracción, así como también hasta 3 años de prisión para los ejecutivos de dichas compañías.

Llamada ‘Ley de Difusión de Material Violento Abominable’, la ley solicita a los servicios de alojamiento web y los proveedores de contenido que informen a las autoridades sobre contenidos que muestren conductas violentas ‘aborrecibles’ y los eliminen ‘lo antes posible’. Estos contenidos pueden ser asesinatos, actos de terrorismo, intentos de asesinato, violaciones, torturas y secuestros.

En declaraciones a The Guardian, Christian Porter, Fiscal General de Australia, dijo hoy que las plataformas de redes sociales no deberían ser utilizadas para difundir y reproducir imágenes de asesinatos. En este sentido, Porter aseguró:

Hay plataformas como YouTube, Twitter y Facebook que no parecen asumir su responsabilidad de no mostrar con seriedad el material más abominablemente violento.

Un informe de CBS News ha revelado la opinión de varios expertos de tecnología sobre la nueva ley, quienes señalan que las consecuencias de su implementación podrían ser catastróficas para el país oceánico, que vería reducir las inversiones de compañías extranjeras de Internet a causa de la censura en los medios de comunicación.

¿Las actualizaciones a las políticas de publicidad de Facebook hacen la diferencia?

Mark Dreyfus, miembro del Partido Laborista, se comprometió a respaldar el proyecto de ley más allá de las dudas sobre su implementación. El Partido Laborista es actualmente una de las organizaciones de oposición a la cartera de la fiscalía general de Australia. En caso de que este partido gane las elecciones, la ley podría ser analizada por un comité del parlamento.

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