Puerto Rico se ha unido al mercado de las criptomonedas con el lanzamiento del San Juan Mercantile Bank & Trust International (SJMBT, por sus siglas en inglés), una nueva institución bancaria especialmente diseñada para comerciantes de criptomoneas. Así se anunció el lunes 1 de abril a través de un comunicado de prensa publicado por PR Newswire.
El San Juan Mercantile Bank & Trust International (SJMBT) anunció ayer que recibió su primer depósito, lo que oficializó el inicio de sus operaciones. Esto luego de que a mediados del mes de marzo la Oficina de la Comisión de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF) le otorgara su licencia para operar como una Entidad Financiera Internacional (IFE).
Se trata de una entidad que ofrece servicios de custodia de activos digitales y fiat y liquidación, y se espera que se integre con las plataformas de su filial la Bolsa Mercantil de San Juan (SJMX). Con ello, se busca proporcionar servicios a clientes institucionales que buscan una forma “familiar, eficiente y segura” de operar con criptomonedas.
Nick Varelakis, presidente y director de operaciones de SJMBT, ha asegurado que a medida que SJMX tenga mayor liquidez para comercializar activos digitales, SJMBT podrá proporcionar servicios críticos. Entre ellos, liquidación en tiempo real y reajuste de cuentas para apoyar las actividades comerciales de sus clientes:
“Comenzar con las operaciones bancarias de SJMBT es un hito importante. Los participantes del mercado institucional en el espacio de activos digitales ahora tienen acceso a un socio bancario operativo, totalmente regulado y con licencia que proporciona un entorno seguro para el emparejamiento y liquidación de transacciones de activos digitales”.
En marzo del año pasado, informamos que Puerto Rico había creado un consejo especial para impulsar a las startups del sector blockchain. Para entonces, Manuel Laboy Rivera, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, mencionó que Puerto Rico podría ser el lugar ideal para recibir a inversionistas, puesto que regulaciones como la Ley 22 exenta de los incentivos fiscales a los inversores independientes residentes en el país.
