Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile, ha publicado un informe en el que detalla aspectos diversos relacionado con el uso y la regulación de los “criptoactivos”, alegando que estos no son un buen sustituto del dinero.
El informe fue publicado el pasado 7 de febrero a raíz del conflicto previo suscitado en marzo del 2018, en el que a casas de cambio como Buda, Cryptomarket y Orionx, se les notificó el cierre de sus cuentas bancarias bajo el criterio de que no debían abrir cuentas a nadie relacionado con criptomonedas. Sin embargo, luego de los exchanges presentaran una demanda ante el Tribunal de Libre Competencia, los bancos debieron reabrir las cuentas como medida precautoria.
El documento detalla las competencias de la institución como fiscalizador de intermediarios de criptomonedas, así como también hace mención del potencial que tendrían estas para sustituir las monedas fiduciarias. En este sentido, se aclara que el Banco Central “no cuenta con facultades legales para fiscalizar a los intermediarios de las denominadas criptomonedas”, puesto que los no han sido reconocidas legalmente, y no son emitidas ni acuñadas por la entidad.
Marcel ha declarado que los criptoactivos no serían un buen sustituto del dinero de curso legal, sustentando dicho argumento con la teoría del dinero. Ha mencionado su aceptación limitada, poca fluidez para procesar pagos y la alta volatilidad como factores de peso.
Otro punto a destacar es el hecho de que Marcel resalte el hecho de que las criptomonedas pueden funcionar sin intermediarios, pero que a pesar de ello, estos existen en dicho universo para simplificar la adopción de aquellos interesados en utilizarlas.
“En el caso de los criptoactivos, estos no requieren de la existencia de un emisor de un medio de pago, ni tampoco de la de uno o más adquirentes que afilien comercios a la red. Así, las partes que voluntariamente convengan realizar una transacción utilizando criptoactivos no requieren de intermediarios para su procesamiento”.
Respecto al conflicto mencionado, Marcel declara que no es posible determinar si las actividades de los exchanges de criptomonedas son legales o ilegales como intermediarios, ni mucho menos establecer si estos deberían operar bajo una fiscalización especial. Por ello, el presidente señala la necesidad de una ley emitida por una autoridad competente para estos casos.