Tal como se anunció el 14 de enero, el nuevo marco regulatorio de las criptomonedas y las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO) en Malasia han entrado en vigencia desde el pasado martes 15. De acuerdo a los informes, dentro del país las criptomonedas y tokens serán considerados como valores, por lo que se encuentran bajo la jurisdicción de la Comisión de Valores de Malasia.
Con este nuevo estatuto, ahora cualquier intercambio de criptomonedas o ICO sin autorización podría enfrentar una sentencia de 10 años de prisión, además de multas por la suma US$ 2.4 millones, según declaraciones del Ministro de Finanzas.
“Cualquier persona que ofrezca un ICO u opere un intercambio de activos digitales sin la aprobación de SC puede ser castigada, con convicción, con un encarcelamiento que no exceda de 10 años y una multa que no exceda de RM 10 mil”.
Ahora bien, pese a la severidad de los castigos, ciertas fuentes han informado que el gobierno de Malasia reconoce el potencial de los activos digitales y la tecnología blockchain, por representar una forma alternativa de recaudación de fondos para nuevas empresas.
“El Ministerio de Finanzas considera que los activos digitales, así como sus tecnologías de cadena de bloques subyacentes, tienen el potencial de generar innovación tanto en las industrias antiguas como en las nuevas. En particular, creemos que los activos digitales tienen un papel que desempeñar como una vía alternativa de recaudación de fondos para los empresarios y las nuevas empresas, y una clase de activos alternativa para los inversores”.
Otro punto destacable es la promoción de Harapan Coin, un proyecto de criptomoneda local vinculado a partidos políticos de oposición en el 2018. La misma fue promovida por Khalid Samad, el Ministro de los Territorios Federales de Malasia, aunque las identidades de los involucrados en el proyecto son poco claras.
Finalmente, el gobierno de Malasia y su respectivo regulador financiero han tomado la decisión de considerar las criptomonedas como valores, lo cual ha brindado mayor claridad a las empresas de dicho mercado que operan dentro del país. Esto, en contraste con el tiempo que le ha tomado a otros países, como Estados Unidos, en examinar y definir un marco regulatorio apropiado para estos activos digitales.