American Civil Liberties Union Foundation (ACLU, por sus siglas en inglés), presentó una demanda en contra del gobierno federal estadounidense, por sus extensivas prácticas de monitoreo de redes sociales de los ciudadanos de ese país.

De acuerdo con la ACLU, la demanda se produce a siete agencias federales entre los que se encuentra el Departamento de Justicia, varias agencias de inmigración y el FBI, ya que estos entes no presentaron información sobre el modo en que realizan sus actividades de monitoreo.

La organización afirma que presentó una solicitud FOIA para obtener esta información en 2018, sin embargo, los entes federales no entregaron lo solicitado.

En este sentido, en la publicación del blog co-firmada por los abogados de ACLU, Hugh Handeyside y Matt Cagle, los demandantes hacen referencia a una información pública, que toman como argumento para asegurar que el gobierno federal “rutinariamente rastrea las redes sociales de usuarios”, y específicamente inmigrantes.

Por ende, la ACLU afirma que el seguimiento de los ciudadanos estadounidenses como de inmigrantes “plantea serios problemas de libertad de expresión y de privacidad”. 

Múltiples agencias están tomando medidas para monitorear a los usuarios de las redes sociales y sus opiniones, actividades y asociaciones.

Según la información disponible públicamente, los Demandados están invirtiendo en tecnología y sistemas que permiten el seguimiento programático y sostenido de ciudadanos y no ciudadanos de los Estados Unidos por igual.

También han incrementado el monitoreo y la retención de la información de las redes sociales de los inmigrantes y solicitantes de visa, incluso con el propósito de llevar a cabo lo que la administración de Trump ha denominado “investigación de antecedentes” o “configuración del ciclo de vida de la visa”.

Recordemos que desde el 2017, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos inició un plan llamado “investigación de antecedentes”, que implica revisar los datos que inmigrantes y personas con green card comparten en redes sociales, con el fin de examinar de manera efectiva a quienes ingresen al país.

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Sin embargo, los defensores de la privacidad manifestaron su descontento alegando que se trata de una “invasión innecesaria” a la privacidad de los ciudadanos inmigrantes.

Entre las prácticas inusuales señaladas por los demandantes se encuentran un contrato previsto con Dataminr y un contrato anterior con Pen-Link, así como una propuesta del Departamento de Estado que solicitaba los nombres de usuario de redes sociales de millones de solicitantes de visas.

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