La República Bolivariana de Venezuela se quejó formalmente ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), acusando al gobierno norteamericano de tomar medidas “discriminatorias, coercitivas y de restricción comercial en contra de las transacciones con la moneda digital venezolana (Petro)”.
Es importante recordar que, poco después del anuncio de creación del Petro (PTR), la administración de Donald Trump estableció un veto a las transacciones con cualquier criptomoneda auspiciada por el gobierno de Nicolás Maduro.
En este sentido, la denuncia reza que “las monedas digitales de origen norteamericano no se someten al mismo veto” y que el trato que se le da a Venezuela es “menos favorable”.
De esta forma, el ente recibió esta queja proveniente por parte de la delegación de la administración de Maduro a finales del año pasado, pero la misma se dio a conocer el pasado martes. Además, se reveló que se hizo llegar una copia a la delegación norteamericana.
En la queja formal, el gobierno venezolano señala las 5 medidas discriminatorias que prohíben el comercio entre ambas naciones, haciendo referencia especial a la criptomoneda nacional, indicando:
“Las medidas coercitivas de restricción comercial de los Estados Unidos que son objeto de los servicios financieros y proveedores de servicios financieros venezolanos, donde los proveedores reciben un trato menos favorable que los servicios similares y los proveedores de servicios de Estados Miembros de la OMC no sujetos a las medidas coercitivas restrictivas al comercio, en infracción del artículo II.1 del AGCS”.
Como se mencionó previamente, el gobierno venezolano también indicó que el trato que la administración de Trump le da a la criptomoneda nacional es “menos favorable que aquellas que son emitidas en los Estados Unidos debido a que no están sujetas a las mismas prohibiciones”.
Ahora, el gobierno de los Estados Unidos contará con hasta 60 días para responder a la queja del gobierno de Maduro, y en caso de negarse, el gobierno venezolano podría apelar a una revisión por parte de un grupo de resolución de conflictos, de acuerdo con Reuters.