Un medio de comunicación local informó este martes que la cámara baja del parlamento francés rechazó la enmienda que hubiera facilitado la tributación a los usuarios de criptomonedas.
Las enmiendas que fueron rechazadas por la Asamblea Nacional se referían a un borrador del proyecto de ley de finanzas del gobierno para 2019. Específicamente, el parlamento rechazó cuatro propuestas en total. Uno de ellos fue introducir una distinción entre las transacciones de criptoactivos regulares y las ocasionales, ofreciendo un sistema de impuestos más relajado para las segundas.
Otra enmienda proponía aumentar el volumen anual de transacciones que cae bajo la exención de impuestos de 305 euros (alrededor de 350 dólares) a 3,000 euros (3,430 dólares), o incluso 5,000 euros (5,714 dólares). También se propuso una reducción de la tasa de impuesto a la renta de 36.2 a 30 por ciento.
Respecto a la noticia, Alexandre Stachtchenko, jefe de la asociación francesa de blockchain Chaintech, comentó que la decisión del gobierno no ofrecía ninguna seguridad jurídica para los comerciantes e inversionistas de criptomonedas del país. Además, él cree que bajo la legislación actual muchos de ellos preferirán no reportar sus ingresos.
Francia ha tenido una actitud poco amigable hacia las monedas digitales. Como prueba de ello, Bruno Le Maire, reveló en enero que el país deseaba regular las criptomonedas, para impedir que sean utilizadas para la evasión fiscal, el financiamiento al terrorismo y otros delitos. En aquel entonces, Le Maire dijo en un amplio discurso económico que ordenó a un ex jefe del banco central que elaborará nuevas reglas, advirtiendo sobre los riesgos de la especulación y la posible manipulación financiera vinculados al Bitcoin y otras criptomonedas similares. Inclusive, el banco central del país galo pretendería mantener a los bancos y otras instituciones financieras de la república fuera del negocio. Por si fuera poco, las plataformas que permiten a los usuarios realizar transacciones comerciales con derivados de criptomonedas ya no se encuentran habilitadas para hacerlo directamente, debiendo aprobar, previamente y en primera instancia, un procedimiento que les permita ofrecer sus servicios.
