De acuerdo a un informe publicado por la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA, según sus siglas en inglés) este viernes 16 de noviembre, la cantidad de consultas relacionadas con las criptomonedas en Japón se ha reducido considerablemente durante el tercer trimestre del 2018.
La FSA es el organismo encargado de supervisar el mercado de las criptomonedas en el país, y en esta oportunidad publicó los datos de las consultas trimestrales marcando como fecha de corte el final del mes de septiembre del año en curso. En ellos, se observa que la agencia recibió 1.231 solicitudes, cifra que, en comparación con el segundo trimestre del 2018, representa una leve disminución de las mismas.
El informe expone que el 34 por ciento de las consultas, que representa 418, se referían a dudas generales, mientras que el 32 por ciento, que representa 398 casos, estaba relacionado con resultados de operaciones y contratos individuales. Ahora bien, sobre el 34 por ciento restante no se dio información.
De acuerdo a los datos dados por la FSA, en los japoneses el interés en las criptomoneda se ha ido reduciendo de manera lenta a lo largo del año 2018. Esto a pesar de que el portal de noticias Finance Feeds, informó que a principios del mismo, se registró un aumento de la consultas sobre el tema en el país, alcanzando un número de 3,559 solicitudes.
Esta situación puede atribuirse al hecho de que Japón enfrentó dos grandes ataques cibernéticos a dos plataformas de intercambio. En enero, Coincheck, el cual, como hemos mencionado en otra anterior, perdió 523 millones en NEM, valorados en US$ 534 millones para aquel momento. Y en el mes de septiembre, el Exchange japonés Zaif, con un pérdida de US$ 59 millones en criptomonedas.
Ambos casos condujeron a la Asociación de Intercambio de Monedas Virtuales de Japón (JVCEA, según sus siglas en inglés), la cual es una organización autorregulada y constituida por 16 intercambios de criptomonedas en Japón a tomar acciones. La misma anunció que se llevarían a cabo ajuste en su normativa para establecer un límite de monedas digitales a ser gestionadas por cualquier intercambio en el país.