Un reporte reciente informa que Francia se encuentra preparada para dar soporte a las criptomonedas emitidas en su territorio siempre que las entidades emisoras se sometan a los procesos de regulación. De ser aceptada la condición, Francia sería no solo la tercera economía más grande de Europa, sino también la primera en regular las Ofertas Iniciales de Monedas, ICO.

En resumidas cuentas, si quienes se encuentran detrás del lanzamiento de las criptomonedas y fechas aceptan la supervisión de los organismos respectivos, el gobierno francés no pondrá trabas en proveerles la certificación.  La importancia de esta última radica en que proporcionará credibilidad al proyecto al ser aceptado por una entidad regulatoria, y los inversionistas y comunidad en general podrían abordarlo. El punto en contra, es que de aceptar la certificación, los emisores de la moneda deberán pagar un impuesto de acuerdo a las ganancias generadas de su venta.

El objetivo del desarrollo de una ICO es recaudar fondos para llevar a cabo sus proyectos de criptomonedas. Para ello, ofrecen tokens, también denominados tokens de utilidad, los cuales sirven como medio de pago en ecosistemas recién iniciados. No obstante, la mayoría de estas fichas son comercializadas en mercados secundarios sujetos a especulación de precios.

Fabrice Heuvrard se encuentra trabajando en un grupo conformado por industria y gobierno en la preparación de las reglas de contabilidad aplicables a las ICOs en Francia. Ha manifestado que:

“La comunidad (criptográfica) está lista para pagar impuestos siempre y cuando no sean confiscatorias”.

A propósito de ello, conviene acotar que en marzo de este año, el ministro de finanzas de Francia, Bruno Le Maire, mencionó la necesidad de que el país avanzara hasta convertirse en un centro de ICOs. A pesar de ello, este mercado en el territorio francés ha tenido un desarrollo lento el cual, en comparación con el de los Estados Unidos, es insignificante, de acuerdo a un estudio publicado por Autorité des marchés financiers (AMF).

Por ello, para cumplir con el objetivo planteado por Le Maire, Francia ha optado por proporcionar certificaciones opciones. Aunque dicha medida, descrita en el artículo 26 del proyecto de ley PACTE, sigue siendo estudiada por el parlamento.

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