Un ciudadano norteamericano se declaró culpable ante una corte federal por conducir un “negocio de transmisión de dinero sin licencia” utilizando LocalBitcoins.com, de acuerdo con una nota de prensa del Departamento de Justicia (DoJ).
El hombre, llamado Jacob Burrell Campos, habría admitido “vender cientos de miles de dólares” en Bitcoin (BTC) a “más de 1,000 clientes” en los Estados Unidos entre enero de 2015 y abril de 2016, por lo que calificaría ante los ojos del Departamento de Justicia como una “casa de cambio de Bitcoin no registrada.”
Utilizando la reconocida plataforma peer-to-peer, Burrell no habría registrado sus actividades de negocios ante el U.S Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ni ante el Departamento del Tesoro, así como tampoco tomó medidas antilavado de dinero para determinar las procedencias de los fondos de sus clientes.
De acuerdo con la nota de prensa, tras ofrecer sus servicios en LocalBitcoins, Burrell negociaba sus ventas de Bitcoin con una comisión del 5% por encima de la tasa actual, recurriendo a aplicaciones de mensajería de texto o emails encriptados para comunicarse con sus clientes. Además, habría incluso aceptado pagos en efectivo a través de cajeros automáticos y MoneyGram.
Por otra parte, Burrell también admitió que su cuenta de una casa de cambio de criptomonedas regulada – que no especifican en la nota de prensa – había sido cerrada tras realizar “transacciones sospechosas.”
Posteriormente, llevó sus operaciones a una plataforma de Hong Kong, en la que supuestamente habría comprado hasta 3.29 millones de dólares en Bitcoin entre marzo de 2015 y abril de 2017 en cientos de transacciones individuales.
La nota de prensa también señala que Burrell habría admitido que cambiaba sus dólares – que almacenaba en México – con un vendedor de metales preciosos en San Diego llamado Joseph Castillo, quien se habría declarado culpable de ofrecer falso testimonio en sus declaraciones de impuestos.
Burrell, en conjunto con otras personas no especificadas, habrían importado más de 1 millón de dólares al día entre finales de 2016 y principios de este año en montos inferiores a los US$ 10,000 para evitar declararlos ante el Estado.
En este sentido, esperará su sentencia este próximo 11 de febrero y se enfrentará a una pena máxima de 5 años tras las rejas, además de ser obligado a pagar más de US$ 800,000 al gobierno.