De acuerdo a la información expuesta por el diario ruso Izvestia, un regulador del gobierno ruso ha solicitado a todos los miembros del Grupo de Acción Financiera FATF, por sus siglas en inglés, aplicar medidas de control en la circulación de criptoactivos; esto es, su intercambio a través de plataformas, almacenamiento y demás tareas relacionadas. El anuncio fue dado este lunes 29 de octubre.

A principios del mes de octubre, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, dio a conocer algunos cambios en su reglamentación relativa a las criptomonedas y las empresas relacionadas con ellas. La actualización solicita a los proveedores de los servicios de cripoactivos sujetarse a las regulaciones existentes contra delitos como el lavado de dinero (AML), el financiamiento del terrorismo (CFT), y hacer seguimiento y cumplir con las medidas respectivas.

Dichas leyes han sido establecidas por el mencionado grupo FATF, un ente gubernamental desde 1989 cuya sede se ubica en Paris. Su principal objetivo es desarrollar normativas que permitan combatir actividades ilícitas como el lavado de dinero y sus variantes.

Pavel Livadny, vicepresidente del Servicio Federal de Monitoreo Financiero de la Federación Rusa (Rosfinmonitoring), manifestó su interés por empezar a llevar control de las transacciones de criptomonedas, por un valor que supera los 600,000 rublos, equivalentes a aproximadamente $ 9,120.

Entonces, de acuerdo a las sugerencias dadas por la GAFI, Livadny ha declaro que las criptomonedas en efecto se pueden utilizar para hacer pagos, como una posibilidad de inversión e intercambiarse por los medios digitales. Sin embargo, partiendo de ello, resulta necesario que dichas actividades se lleven a cabo bajo el control de las autoridades pertinentes, de modo que estas puedan hacer seguimiento a su almacenamiento, emisión e intercambio.

Ahora bien, actualmente en Rusia no existe ningún tipo de ley formal y estricta que regule la circulación de criptoactivos, pero de acuerdo a las declaraciones de Livadny, se espera que los cambios en su sistema legal que apliquen para estas, entren en vigencia  en un “futuro cercano”.