Según el medio español Expansión, la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España (CNMV) aplicará regulaciones y revisiones más estrictas a todos los proyectos interesados en llevar a cabo una Initial Coin Offering (ICO) en el país.
En este sentido, el regulador estaría desarrollando políticas más estrictas a la hora de realizar las revisiones pertinentes a todas las propuestas de ICO, además de exigir información detallada sobre los supuestos tokens que comercializarán, el equipo de trabajo detrás del proyecto, y los inversionistas principales del mismo.
Esta política surge en consonancia con el comunicado emitido el mes pasado, en el que el ente regulador establecía que desarrollaría criterios más rigurosos para la revisión de los proyectos de ICO, especialmente en materia de respaldo del token y la clasificación del mismo. Por ende, si uno de ellos es catalogado como un valor, deberá ser representado mediante títulos o anotaciones en cuenta si desean ser intercambiados en exchanges ibéricos.
Asimismo, el ente regulador actúa bajo la premisa de que todas las empresas que hacen vida en suelo español deberán someterse a su supervisión, incluso si también operan en otros países. Además, estas empresas también deberán someterse a la revisión de la CNMV si son subsidiarias de una empresa matriz española, o cada vez que los tokens o valores emitidos a través del ICO sean adquiridos por inversionistas españoles.
De acuerdo con los reportes, el proceso de solicitud para emisión del ICO será bastante riguroso y lento, debido a que el ente regulador solicitará cuanto dato sea necesario para respaldar el proyecto.
En este sentido, el regulador solicita información referente a los ingresos esperados por la emisión del ICO, una descripción meticulosa de los tokens emitidos y toda la documentación personal y financiera de los miembros e inversionistas principales del proyecto.
A todo esto se suman libros contables, registros, documentación, programas informáticos, archivos digitales o de cualquier otra clase, incluyendo conversaciones telefónicas sostenidas con los inversionistas, y un sinfín más de documentación para poder aprobar la emisión del ICO.
Si bien España ha mostrado bastante apertura con la adopción de la tecnología blockchain, cada vez son más los países que se suman a las regulaciones a los ICO bajo la premisa de ofrecer protección a los inversionistas.