Una vieja medida legislativa ha resurgido en España con una propuesta a la ley de propiedad intelectual presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) que tiene como objetivo eliminar páginas web sin ningún freno legal, lo cual podría perjudicar la libertad de expresión.

En Europa las leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual están amenazando al internet como un espacio libre y abierto para compartir información y varios parlamentarios han querido hacerse con esta situación para utilizarla a su favor.

De hecho, la propuesta fue presentada sin mucha bulla al respecto y no fue sino hasta dos días después que se hizo de conocimiento público de la población cuando el abogado experto en propiedad intelectual, David Bravo, compartió la noticia en su cuenta oficial de Twitter.

En una era en la que cada vez más los gobiernos desean tener control sobre la información que reciben los ciudadanos, esta propuesta cae como anillo al dedo para acallar medios y portales que estén resaltando cosas que tal vez no les convenga. Tal como ha resaltado Bravo en su hilo de Twitter, “ya no habrá juez en los casos “graves” ni para controlar si el cierre afecta o no a la libertad de expresión”.

Consideraciones legales de la propuesta

Lo que afecta la propuesta específicamente es la decisión sobre la sanción de cerrar la página web, no todo el procedimiento como tal. De acuerdo con la ley actual, para poder llegar a ese punto, primero debe haber “una reiteración de conductas ilícitas” de la página web para abrir un caso, y luego el juez debía tomar la decisión de si la página cerraba o no.

Con esta propuesta se mantendría esta especie de antecedentes para abrir un caso, pero con solo abrir el caso, se podrá proceder al cierre del sitio web, de acuerdo con la opinión de Bravo.

Sin embargo, el Ministro de Cultura la defiende diciendo que “no existe posibilidad alguna, ni actualmente ni con la reforma propuesta, de vulneración de los derechos fundamentales. Los filtros y garantías son tan elevadas que es imposible que se produzca el cierre de una web en el que se pueda ver afectado algún derecho fundamental”.

La propuesta aún debe ser votada en el Congreso y obtener la mayoría simple para pasar a la votación aprobatoria del Senado para entrar en vigencia.

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