Cuando de criptomonedas se trata, los más conocedores del área saben de sus vulnerabilidades en cara a los ciberataques son bastante altas. Desafortunadamente, esta tendencia ilícita ha afectado tanto a compañías, instituciones financieras, hasta a organizaciones gubernamentales.

Un caso lamentable ocurrió a principios de mes, cuando los sistemas de la ciudad Midland, en Canadá, fueron hackeados, bloqueando y encriptando datos de relevancia gubernamental, ante lo cual las autoridades se vieron en la necesidad de pagar en bitcoins (BTC) por el rescate a los responsables.

Según los reportes de las autoridades, el ciberataque tuvo lugar el domingo primero de septiembre a las 2:00 a.m. y fue hecho mediante una infección con ransomware, que afortunadamente no afectó los sistemas SCADA (de aguas blancas y aguas residuales), que de haber sido atacados, podrían haber puesto en peligro a los propios residentes de la ciudad y sus adyacencias.

De acuerdo con lo estipulado por el Consejo del Pueblo de Midland:

Bajo la guía de expertos en seguridad cibernética, hemos iniciado el proceso para pagar el rescate a cambio de las claves de descifrado. Aunque no es lo ideal, nos conviene volver a poner el sistema en línea lo más rápido posible. El pueblo había asegurado previamente una póliza de seguro para cubrir tales circunstancias. Los esfuerzos de descifrado aún están en marcha.

Los dirigentes de la ciudad también afirmaron que el ataque los tomó por sorpresa y en medio de una serie de mejoras que se encontraban haciendo a los sistemas de seguridad actuales; sin embargo, el incidente les presentó la oportunidad buscar nuevas alternativas y optimizaciones a sus medidas de ciberseguridad.

Con el surgimiento de nuevas tecnologías abogadas al campo financiero, se incrementan los posibles actos delictivos de blanqueo de capitales, hackeos o cryptojacking. Esto se ha convertido en la principal fuente de preocupación para gobernaciones a nivel internacional y, en efecto, muchos países ya han empezado a buscar la incorporaciones de nuevas medidas para fortalecer sus marcos legislativos, a fin de garantizar la seguridad de las miles de empresas y usuarios del mercado digital.