La coalición española de partidos de izquierda, Unidos Podemos, ha propuesto a la Cámara Baja del país crear una subcomisión que se encargue del estudio de los beneficios de la tecnología blockchain, así como la de crear un marco regulatorio para las criptomonedas. Según el portal local, La Vanguardia, la subcomisión estará formada por autoridades y funcionarios de la administración pública, agentes del sector, expertos, entre otros.
La coalición, que está formada por los partidos Podemos, Izquierda Unida, Equo y otros partidos pequeños, registró la solicitud ante el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio. Según indica el portavoz económico de la coalición, el diputado de Podemos Alberto Montero, la solicitud iba acompañada por un plan de trabajo.
La labor de la subcomisión será estudiar los beneficios que puede significar implementar la tecnología blockchain para reducir costos en la administración pública del país y explorar su potencial industrial. Unidos Podemos creé que la tecnología tiene un «enorme potencial» para hacer más seguras las transacciones económicas y sociales, eliminar la figura de los intermediarios y a prevenir ataques.
Bajo la administración del antiguo Primer Ministro, Mariano Rajoy, ya se había hablado de una propuesta de posibles exenciones tributarias para inversionistas en tecnología blockchain. A pesar de la propuesta anterior, Pedro Sánchez, nuevo Primer Ministro electo en junio, no ha hecho mención sobre estas nuevas tecnologías por lo cual, no se conoce la posición de su gobierno.
A su vez, Unidos Podemos espera que el estudio ayude a desarrollar un marco legal para regular las criptomonedas ya que están «ubicadas en un área gris de regulación». Entre ellas, mencionan a Bitcoin (BTC), LiteCoin (LTC), Etereum (ETH) o Ripple (XRP).
La postura que asuma España en cuanto a las regulaciones de criptomonedas que puedan entrar en vigencia tiene que ser coordinada con las posturas indicadas por el Observatorio y Foro de tecnología blockchain de la Unión Europea. Luego el Estado en conjunto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España regularían la actividad dentro del país.
