El pasado 23 de julio, el Parlamento de Antigua y Barbuda anunció su programa de ciudadanía económica, que le permitirá a las personas obtener una especie de ciudadanía en la nación por US$ 100,000 que podrán ser cancelados en Bitcoin y otras criptomonedas. Esta ciudadanía le otorgaría a su portador los mismos derechos y beneficios que una ciudadanía completa.
El Primer Ministro Gaston Browne explicó la lógica tras la utilización de criptomonedas como un método de pago: “La verdad es que nos servirá para expandir el mercado porque tenemos un número de inversionistas de criptomonedas que estarían bastante dispuestos a nacionalizarse, pero sólo pagarían utilizando criptos. Si no las aceptas, literalmente los estás sacando del mercado”.
Asimismo, comentó que todas las ganancias serían convertidas a dinero fiat diariamente “para asegurar que no tengan ningún tipo de exposición debido a las criptomonedas”. Otra razón para aceptar divisas digitales, de acuerdo con Browne, fue evitar que los ciudadanos potenciales tuvieran dificultades bancarias a la hora de aplicar por la ciudadanía.
“Lo que estamos haciendo es tratar de darles la opción de establecer cuentas con bancos internacionales, incluyendo Global Bank y Commerce, entre otros, para que tengan la opción de tener un banco dispuesto a lidiar con sus transacciones”.
Uno de los obstáculos para popularizar la adopción de las criptomonedas, como mencionan los economistas, es el hecho de que los impuestos y demás aranceles gubernamentales sólo pueden pagarse utilizando la divisa fiat de los gobiernos. No obstante, esta iniciativa de Antigua y de otros lugares como Arizona muestran la apertura de algunos gobiernos de integrar las criptomonedas a su economía.
Asimismo, vale destacar que el gobierno de Antigua habría declarado su interés en permitir initial coin offerings (ICOs), así como incorporar compañías de criptomonedas a su nación, teniendo una postura bastante entusiasta frente al uso de las criptomonedas en general.
