El ente regulador financiero de Filipinas, la Securities and Exchange Commission (SEC), emitió una advertencia pública contra una empresa local que estaría vendiendo tokens de valores sin el permiso pertinente.

En una asesoría, el SEC notó que el Freedom Traders Club estaría dirigiendo seminarios y capacitaciones para promover su criptomoneda, la Ploutos Coin en Visayas y Mindanao, y mercadeando la moneda como un medio de inversión en la que los dueños de los tokens obtendrían ganancia simplemente por resguardarlos.

“La consideración primaria para la compra de Ploutos Coins es el potencial de obtener ganancias como el resultado de su crecimiento proyectado en el valor de mercado. Fue mercadeado por su emisor, corredores y vendedores como una criptomoneda similar al Bitcoin, cuyo valor incrementará drásticamente a lo largo del tiempo. Esta táctica de mercadeo llevó al público a comprar dicha moneda con la esperanza de obtener ganancias por la apreciación del precio”, comentó la SEC.

Asimismo, la SEC le recomendó a Freedom Traders de su revisión previa del 8 de enero de este año acerca de las Initial Coin Offerings (ICOs) y les advirtió que “algunas de estas nuevas criptomonedas o monedas digitales, basadas en los hechos y circunstancias que los rodean, siguen la naturaleza de un valor, como se define en la sección 3.1 del Código de Regulaciones de Valores”.

Comentaron también que cualquiera que invite o reclute personas para invertir en una inversión no registrada de valores podría enfrentarse a cargos criminales o ser penalizados bajo las leyes filipinas.

El ente regulador comentó que la Ploutos Coin se considera un contrato de inversión bajo el Código de Regulaciones de Valores porque hay una inversión de dinero involucrada, con una empresa común que vende la moneda para que sus acreedores esperen obtener ganancias, mientras que dichas ganancias provienen de los esfuerzos de otros, no de los acreedores.

Para concluir, recomendaron a Freedom Traders registrarse ante el SEC como traders de valores y asegurar una licencia pertinente para poder vender valores al público, y que de no comparecer ante la ley como es acorde, podrían enfrentarse a multas de hasta US$ 94,000; 21 años de prisión o ambas.