El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, se ha convertido en poco tiempo en una de las regulaciones más controvertidas de la actualidad, ya que, más allá de la búsqueda de mayor privacidad para los usuarios en línea, varias empresas de tecnología se han visto obligadas a cambiar su funcionamiento luego de puesta en marcha, a pesar de que existen denuncias de que Facebook y Google manipulan a los usuarios para que compartan sus datos a pesar del GDPR.
Sin embargo, este reglamento se ha convertido en inspiración para otros gobiernos, como el de Brasil, y es que el parlamento de ese país ha aprobado un proyecto de ley propuesto por el congresista Milton Monti, con el fin de proteger los datos de individuos y empresas, lo que impediría el uso comercial de información como nombres, números de teléfono, direcciones, etc., sin el consentimiento de los usuarios.
La prensa local revela que, de aprobarse este proyecto de ley, se crearía un organismo gubernamental llamado ‘Autoridad Nacional de Protección de Datos’, que se dedicaría a gestionar todo lo relacionado con la protección de la privacidad de los datos de los usuarios de Internet, incluyendo el cumplimiento de la ley y las respectivas sanciones.
En este caso, todas las compañías que recopile y procese datos en Brasil se verían afectada por la ley, incluyendo a Google y a Facebook, quienes deberían cumplir con el reglamento local.
De esta forma, en caso de que una app, plataforma o servicio de Internet desee acceder a los datos de un ciudadano brasilero, deben informar al usuario y obtener su permiso, y luego de que la relación entre las partes haya finalizado (eliminación de cuentas) debe eliminar sus datos de la compañía.
Asimismo, las filtraciones de datos serían otro punto importante de esta ley. Cuando ocurra un incidente de este tipo, los usuarios deben ser informados de inmediato, y cualquier persona que tenga en su posesión de esta información será responsable de lo que ocurra con ella luego de la fuga. Se habla de multas de hasta un 4 por ciento de los ingresos de las compañías en caso de que no cumplan con la ley.
Evidentemente, para ver luz, este proyecto de ley deberá ser aprobado por el Senado de Brasil, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía, sin embargo, en caso de que su aprobación se logre, sembraría un precedente importante en Sudamérica con respecto a este tema, un ejemplo que podrían adoptar otros países de la región.
