En una decisión que beneficia de gran manera a los defensores de la privacidad de los usuarios de móviles en Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país ha votado 5 contra 4 a favor de que los funcionarios la policía no tengan acceso a los datos de ubicación del móvil de un usuario a menos de que cuenten con una orden judicial.
En este sentido, los agentes deberán contar con la orden de un juez antes de acceder a los registros de una empresa telefónica con el fin de rastrear en qué lugares ha estado una persona. Debido a que el 95 por ciento de los estadounidenses posee un móvil, esta decisión representa un duro golpe a los agentes de cumplimiento de la ley.
Según Reuters, John Roberts, quien preside la Corte Suprema, asegura en el fallo que obtener estos datos sin una orden judicial, como lo hace rutinariamente la policía, equivale a una búsqueda y confiscación irracional bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Pero, ¿cómo puede la policía rastrear la ubicación de una persona a través de su móvil? Pues bien, cuando un dispositivo se utiliza para realizar llamadas o enviar mensajes de texto, el móvil se conecta a la red telefónica de una antena cercana.
Mientras que un usuario está en movimiento, la llamada es transferida entre las torres cercanas en el camino, y las compañías telefónicas poseen los registros de cada número telefónico enrutado mediante cada torre, todo esto para crear los cargos por roaming. En este sentido, la policía puede mapear cuáles torres fueron usadas por un dispositivo y reconstruir la ubicación de una persona durante un tiempo que puede ir de días a meses.
El fallo que ha dictaminado la Corte Suprema el día de hoy afirma que las autoridades aún pueden obtener los registros de los móviles, pero solo cuando existe una persecución de un sospechoso en curso, proteger a personas bajo amenaza inminente o evitar la destrucción inminente de evidencia.
Ahora bien, esta decisión se da con motivo de un caso presentado por un ciudadano llamado Timothy Carpenter, residente de Michigan, quien fue declarado culpable de robo de un par de tiendas y que fue hallado por el FBI a través de los registros telefónicos de los móviles robados. La institución determinó que, debido a que la policía no consiguió una orden de allanamiento, esta evidencia quedaría descartada.
Por su parte, el Departamento de Justicia instó a la Corte a dictaminar que no es necesaria una orden judicial para acceder a estos datos, argumentando que los usuarios de estos dispositivos son conscientes de la información que revelan a las compañías de telefonía, y que no pueden esperar que estos datos importantes no sean compartidos con el gobierno.