Posterior a los numerosos ataques sufridos por las plataformas de exchange de criptomonedas en Corea del sur, el gobierno ha decidido endurecer las regulaciones correspondientes con un nuevo proyecto de ley que ya ha sido enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación.

Esta nueva regulación, planteada por el gobierno como solución a las fallas de seguridad que han sufrido los exchange, propone una nueva serie de obligaciones que deberán cumplir las plataformas una vez que entre en vigencia.

Con relación al robo que sufrieron las plataformas Bithumb y Coinrail durante este mes, el presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) Choi Jong-ku comento al respecto, que como método de prevención, se necesitaba de un sistema de transacciones en criptomonedas más estable y un aumento de protección a las plataformas que llevan a cabo estas operaciones de negocios.

Asimismo manifestó que la enmienda a la Ley de Informes y Uso de Información Específica de Transacciones Financieras ya había sido presentada ante la Asamblea Nacional para poner lograr poner en marcha estas prevenciones.

El medio para mantener un monitoreo de estas plataformas de intercambios por parte de las autoridades financieras, será el sistema de informes, mejorando las nuevas normas a las que deberán darle cumplimiento, en su relación y cooperación con el gobierno y la banca comercial y la prevención igualmente de actividades ilícitas como el lavado de dinero.

Por otra parte, si el proyecto de ley pasa por la aprobación de la Asamblea Nacional, cada exchange será supervisado y deberá informar regularmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre sus actividades como operador en el manejo de divisas y sus mecanismos para prevenir el lavado de dinero. En caso contrario, tanto la UIF como el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) estarán facultados para realizar las inspecciones e investigaciones pertinentes.

Igualmente, en la propuesta se exige el cumplimiento a todas las plataformas de intercambio, de mantener la información de las transacciones financieras, los informes de transacciones obligatorias, así como de altas transacciones en efectivo, la confirmación de clientes y otra serie de datos durante cinco años.

En el aspecto de las sanciones, se impondrán castigos a cualquier sitio de exchange que incumpla las nuevas normativas establecidas por los reguladores financieros, las cuales incluyen el despido de directivos o empleados de la institución, la suspensión de operaciones, advertencia por parte de los reguladores y correctivos en caso de alguna violación a las reglas.

De la misma manera, también se impondrán multas a las plataformas en el caso de que incurran en ciertas omisiones como por ejemplo, el proceso de verificación de los clientes o la no verificación de transacciones sospechosas.

Finalmente, se dejó claro que este proyecto de ley no le otorga un estatus de reconocimiento legal a los exchanges de criptomonedas, sino que busca más bien implementar medidas de prevención que eviten los ataques que se han efectuado anteriormente y que se logre proteger a los usuarios que hacen uso de este servicio.