En un anuncio reciente, el Grupo de Acción Financiera (FATF), una organización intergubernamental que desarrolla políticas antilavado de capitales, reveló sus intenciones de establecer una serie de disposiciones o acuerdo vinculantes para las casas de cambio de criptomonedas.
Según el reporte de Reuters, un vocero de la organización en Japón informó que este próximo 24 de junio el grupo discutirá los detalles de la nueva legislación. Parece que la decisión fue considerada tras las discusiones con los líderes del G20 el pasado mes de marzo.
Si bien actualmente existen reglamente no vinculantes, dentro los que se incluye la obligación de registro de exchanges y medidas de sanción en caso de incumplimiento, aún no se ha emitido ninguna legislación oficial que abarque el mercado a nivel global.
Asimismo, durante la próxima reunión, el FATF evaluará la efectividad de la legislación actual y su aplicabilidad a las nuevas casas de cambio de monedas digitales, así como los parámetros a tomar en el caso de los países que tienen normativas restrictivas o que han vetado las transacciones de criptomonedas.
Recordemos que el pasado abril del 2017, las autoridades de Japón aprobaron -el comercio con exchanges y, a principios del 2018, establecieron una serie de regulaciones para el control del mercado digital en el país. Es muy probable que, basándonos en su desempeño hasta el momento, el país lidere el grupo G20 para el 2020, dirigiendo así el camino a seguir en la creación de un marco legislativo vinculante, es decir, global, en cuanto a las criptomonedas y exchanges.
Como hemos reportado anteriormente en Coincrispy, Japón ha tenido un historial bastante vívido relacionado al mercado digital descentralizado.
Desde el hackeo de CoinCheck, Japón ha estado en alerta sobre los negocios con criptoactivos, en especial aquellos provistos por servicios no aprobados por las autoridades.
Para poner fin al desenfreno de cibercrímenes, el 8 de mayo, las entidades gubernamentales de la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) han puesto al orden público una lista de normativas bajo las cuales deberán regirse todas las transacciones y casas de cambio en el país.