De acuerdo con numerosos reportes, aparentemente los entes reguladores financieros estarían a punto de rechazar por primera vez la aplicación de registro de un Exchange local para el comercio de criptomonedas.
FSHO, una plataforma para trading de Yokohama, se encuentra en peligro de ser el primer Exchange de criptodivisas en ser denegado por la FSA, ente financiero imperante en suelo nipón, debido a una supuesta falta de cumplimiento con los lineamientos financieros además de una infraestructura operacional dudosa.
Desde que la FSA impuso las revisiones a todos los exchanges que quisieran trabajar en suelo japonés, FSHO era una de las 16 plataformas que tenía el aval de operar mientras su licencia se encontraba en trámite.
Sin embargo, ya esta plataforma habría sido sancionada en un par de oportunidades con órdenes de suspensión de negocio a principio de este año, motivadas por la incapacidad de reportar operaciones de alto valor en repetidas ocasiones, lo que podría ser un indicador de lavado de dinero, además de presentar un sistema Know-Your-Costumer (KYC) bastante “liviano”.
Aparentemente, FSHO no hacía verificaciones adecuadas de la identidad de sus usuarios en transacciones que podrían estar vinculadas a actos delictivos, lo que podría llevar a la suspensión definitiva de operaciones por parte de la FSA.
“La FSA apunta a demostrar su compromiso para construir un ambiente de trading sano en Japón, y no tolerará ninguna plataforma de exchange que no sea merecedora de una licencia” indicó el ente financiero nipón.
Todo esto ocurre en el marco de la implementación de regulaciones más rigurosas tras el escándalo del robo de más de 530 millones de dólares en tókens de NEM que sufrió la plataforma japonesa Coincheck, lo que ha ocasionado que otros exchanges hayan incluso retirado sus formularios de aplicación para operar en Japón al recibir órdenes de mejorar sus negocios por parte de la FSA.
Hasta el momento, la FSA sólo le ha otorgado licencia de operaciones en Japón a 16 exchanges desde la implementación de las nuevas leyes en las que el Bitcoin era reconocido por la nación como un método legal de pago.
