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Según información de Reuters, la reconocida entidad bancaria JP Morgan ha recibido una demanda colectiva por acusaciones de viraje en capas de tarifas no anunciadas, más intereses.

El banco canceló las compras con tarjetas de crédito para criptomonedas a principios de este año, luego de generar controversia al considerar las compras relacionadas con criptoactivos como “anticipos de efectivo”, imponiéndole a estos últimos tarifas más altas. Además el CEO de la entidad, Jamie Dimon, tildó al Bitcoin de “infame” y “fraudulento” hace un tiempo.

Por su parte, la querella fue presentada ante un tribunal de Nueva York. Brady Tucker, uno de los principales demandantes alega que el JP Morgan cobró tarifas adicionales y un interés mucho más alto en los anticipos de efectivo en comparación a los cobrados por concepto de compras con tarjeta de crédito. Los clientes reclamaron la medida ante el banco en su momento, pero la institución no cedió.

Al respecto, un vocero de la entidad expresó que, si bien el banco prohibió las compras de tarjetas de crédito por Bitcoin y Altcoins, lo hicieron “debido al riesgo de crédito involucrado”. Además, el representante señaló que los clientes aún podían usar sus tarjetas de débito vinculadas a cuentas corrientes para compras y omitir las tarifas, recordando que el JP Morgan no fue el único banco que prohibió el uso de tarjetas en estos términos, uniéndose a otras entidades reconocidas como Bank of America y Citibank.

Antes de iniciar el proceso legal, Tucker se comunicó con el servicio al cliente de banco y les brindó la oportunidad de eliminar los cargos, sin éxito. Sin embargo, la demanda establece que el banco efectuó los cargos, luego de que el demandante realizara sus transacciones, y lo obligó a pagarlos.

Los abogados de Tucker argumentan una violación de la Ley de Verdad y Préstamos de EE. UU., diseñada para proteger a los consumidores de “prácticas de tarjetas de crédito y facturación desleal”. Asimismo, la legislación establece que las instituciones financieras deben informar por escrito a los clientes sobre cualquier cambio en los términos.

La demanda colectiva estaría buscando una compensación por un millón de dólares americanos.