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La Comisión de Comercio Justo de Corea del Sur (KFTC por sus siglas en inglés) plantea el pago de una comisión de 12 exchanges para efectuar la revisión de los términos de uso de los contratos y así garantizar que las transacciones sean realizadas de forma segura.

El organismo financiero propone que se mantenga en revisión los términos de uso para garantizar mejores condiciones para sus usuarios. Según lo anunciado por el sitio web Yonhap: “Muchos operadores de exchanges fallan en la tarea de proveer seguridad a los usuarios y, muchas veces, dificultan las negociaciones comerciales o bien impiden el retiro de capitales. Por eso se quiere redefinir los términos de los contratos de los usuarios mediante el pago de una comisión”.

Los entes regulatorios de la región asiática han establecido desde hace décadas ciertas normativas bastante estrictas que permiten la eficacia y seguridad durante las transacciones financieras. Una de las medidas que ha estado en revisión constante es la relativa a los contratos con usuarios.

Con la expansión de los medios de financiamiento y transacciones electrónicas, el gigante asiático acordó términos sobre la Ley de protección al consumidor en el comercio electrónico (Cláusula de E-Commerce), la cual garantiza mayor protección al consumidor durante las negociaciones. En este sentido, los contratos inteligentes son dignos de confianza ya que “se valen de tres ventajas para generar confianza y son, su nivel de autonomía, el alto grado de seguridad y la ausencia de necesidad de tener que recurrir a un tercero. Ya que cada historial de transacciones y cada historial de código ejecutado se almacenan en la blockchain, cualquiera de las partes puede verificar en todo momento las condiciones y el estatus del contrato, lo que hace de estos una operación totalmente confiable”.

La creciente popularidad del uso de las criptomonedas en el país ha jalado el gatillo del establecimiento de medidas que permitan la ejecución segura y efectiva de transacciones. La región ya ha sufrido varios atentados en materia de delitos, lavado de capitales y robo de recursos energéticos en los últimos meses, razón por la cual las autoridades se han pronunciado.