El presidente de EE.UU, Donald Trump, ha emitido una orden ejecutiva donde impone sanciones a Venezuela por el Petro, su criptomoneda. En concreto, el gobierno norteamericano prohíbe cualquier transacción con el criptoactivo, además de sumar cuatro funcionarios de altos cargos del gobierno venezolano a su lista de sancionados.
Según el gobierno estadounidense, la orden ejecutiva responde a la necesidad de tomar medidas adicionales sobre la situación que atraviesa Venezuela. En este sentido, el decreto afirma que, ante las recientes medidas del presidente Maduro con el fin de eludir las sanciones impuestas por la administración Trump, emitiendo una criptomoneda que la Asamblea Nacional de Venezuela ha catalogado como ilegal, se han tomado varias medidas.
El decreto prohíbe la realización de todo tipo de transacciones por parte de un estadounidense o en territorio de Estados Unidos, en cualquier criptomoneda “emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela el 9 de febrero de 2018 o luego de esa fecha”.
Pocos minutos después de hacerse pública la orden firmada por Trump, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, condenó las sanciones a través de su cuenta de Twitter, sugiriendo que el gobierno de EE.UU incurre en un error si cree que debilitará al gobierno venezolano y sus habitantes.
Nuevamente se equivoca el imperialismo al anunciar sanciones y bloqueos contra el aguerrido y digno Pueblo Venezolano, los lacayos vendepatria se les cae la baba de placer cuando nuestro Pueblo padece. levantemos las banderas de Bolívar y Chávez, nosotros venceremos!!
— Diosdado Cabello R (@dcabellor) March 19, 2018
Como informó CoinCrispy en febrero, Venezuela lanzó el Petro bajo el cuestionamiento y el respaldo de diversos analistas financieros y expertos en criptomonedas, con el presidente venezolano afirmando que durante el primer día de la pre-venta de este token se habían recaudado cerca de US$ 735 millones.
Según afirmaron en una conferencia de prensa vía telefónica los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, estas medidas también apuntan a atacar el problema del ‘’desastre humanitario’’ que actualmente vive la población de Venezuela.
El hecho de que el gobierno estadounidense emita estas sanciones no es sorprendente, sobre todo porque varios legisladores han criticado duramente la criptomoneda venezolana, especialmente los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio y Bill Nelson, instando al Departamento del Tesoro a proteger a los inversionistas norteamericanos y evitar que el gobierno de Venezuela continúe financiándose ilegalmente.
En un comunicado firmado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se afirma:
El presidente Maduro debilitó la economía de Venezuela e impulsó una crisis humanitaria. En lugar de corregir su rumbo para evitar más desastres, el régimen de Maduro intenta eludir las sanciones a través de la criptomoneda Petro (…) Instamos a Maduro que acepte la ayuda humanitaria y no bloquee la necesaria ayuda extranjera para la calamidad de la población de Venezuela, y nuevamente hacemos un llamado a los militares venezolanos, para que respeten y defiendan la Constitución.
¿Qué implicaciones tienen estas nuevas sanciones?
Como hemos mencionado anteriormente, Nicolás Maduro y sus altos funcionarios lanzaron el Petro como un intento de eludir las sanciones previamente impuestas por EE.UU, y que guardaban relación con las operaciones de deuda del país sudamericano.
Realmente, desde el momento en el que Maduro anunció el Petro, se asume esta emisión como una deuda nueva en relación a la aplicación de las sanciones que se derivan de la Orden Ejecutiva, en su aclaratoria 551, y que fuese publicada el pasado 19 de enero.
La orden emitida el día de hoy aclara este punto, y asegura que todas las transacciones con el Petro, al igual que con la ‘nueva deuda’, están prohibidas para los estadounidenses. Más allá de lo que muchos expertos puedan pronosticar en relación al futuro de la criptomoneda venezolana, lo cierto es que estas nuevas sanciones intensifican su debilidad a nivel legal, algo que puede venir de la mano con una también ilegal emisión de crédito público.