A diferencia de países como el Reino Unido, naciones como Francia no se han mostrado tan “amigables” y abiertas con respecto al auge del rubro de los criptoactivos. En este caso, inclusive, el banco central del país galo pretendería mantener a los bancos y otras instituciones financieras de la república fuera del negocio.
La evidencia de esto puede verse publicada en un informe difundido a principios de este mes. En el documento, el Banco de Francia propone prohibir que tanto las compañías de seguros, como los bancos y las compañías fiduciarias “participen en depósitos y préstamos en criptoactivos”. Asimismo, el organismo aboga por prohibir toda comercialización de productos de ahorro de “activos criptográficos” al público, salvo por los “inversores más informados”.
El informe, que ofrece una visión general de la tecnología y sugiere disposiciones regulatorias estrictas, afirma que las criptomonedas no constituyen dinero y hace énfasis en que las mismas no representan una moneda de curso legal.
Contrariamente a tomarlas como un medio ventajoso y dinámico para la economía, el documento las etiqueta, en cambio, como un medio para perpetrar ciberataques, y realizar operaciones ilícitas como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
“Se expresa muy poco valor en estos criptoactivos”, afirman los autores, quienes, además, comentan:
El anonimato que caracteriza los medios de producción y la transferencia de la mayoría de los criptoactivos favorece, sobre todo, el riesgo de que sean utilizados con fines delictivos (vendidos en Internet por servicios o bienes ilícitos) o utilizados hasta el final del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Haciéndose eco de otras críticas, el informe también descarta el reciente aumento en el precio de las criptomonedas, como una “burbuja especulativa” similar al período de “manía del tulipán” en los Países Bajos, que se suscitó desde 1634 hasta 1637.
En cuanto al marco regulatorio sugerido por el banco central, el mismo señala que su prioridad es instituir medidas contra el lavado de dinero (LMA) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT), lo que se lograría ampliando la Comisión de lavado de dinero de la Unión Europea.
Asimismo, mediante el documento, el banco expresó su preocupación por la protección de los inversores y los riesgos cibernéticos; y advirtió que, contrariamente a lo que consideran otros países de la región, el auge en la actividad de la industria de cifrado podría desestabilizar los mercados financieros.
La primera recomendación del informe es “regular los servicios ofrecidos en la interfaz entre la economía real y los criptoactivos”, lo que significa principalmente que los intercambios cifrados deben considerarse proveedores de servicios de pago y deben estar sujetos a los requisitos legales correspondientes.
El banco continúa sugiriendo una supervisión estricta de las inversiones en activos criptográficos, incluida la prohibición de bancos, compañías de seguros y compañías fiduciarias antes mencionada de comerciar con depósitos criptográficos y préstamos, y prohibiciones de comercialización asociadas con productos de ahorro.
Asimismo, el banco establece que está de acuerdo con la sugerencia del regulador del mercado de valores de Francia, Autorité des Marchés Financiers (AMF), de que los derivados de criptomonedas no se comercialicen al público.
El banco concluye su informe con un llamado de atención a los reguladores globales, instándolos para que promulguen medidas de nivel internacional para supervisar los criptoactivos, argumentando que la falta de coordinación podría socavar la eficacia de cualquier acción a nivel nacional.
“Considerando la naturaleza inmaterial de los criptoactivos y el uso de tecnologías relacionadas con Internet que facilitan los servicios transfronterizos”, cierra el documento, “la heterogeneidad de las reglamentaciones nacionales podría evitar una supervisión integral de los riesgos en cuestión“.
