Los crímenes relacionados con criptomonedas continúan y, esta vez, la policía sudafricana se encuentra investigando el presunto robo de, aproximadamente, $50 millones de dólares en bitcoin.

La operación habría ocurrido luego de una estafa a partir de la aplicación de  un sistema Ponzi o robo piramidal, luego de que varios inversionistas colocaran el dinero en un grupo llamado “BTC Global”. De acuerdo a información ofrecida por el medio sudafricano Sunday Times, unas 27.500 personas se verían afectadas directamente, entre inversores de Estados Unidos, Australia y la nación africana. Según diferentes informes, algunas personas afectadas habrían perdido la suma de hasta $117.000 dólares a raíz del robo.

Con respecto al parte policial, un portavoz de la Dirección de Investigaciones de Crímenes de Sudáfrica (popularmente conocidos como “los Hawks”), estableció que la unidad destinada a resolver crímenes de índole comercial está trabajando fuertemente sobre el caso, con la hipótesis de que se trataría de una “estafa piramidal”. El funcionario, además, añadió que el grupo de inversionistas en cuestión estaría siendo investigado por incumplir la Ley de Asesoramiento Financiero y de Servicios Intermediarios.

Un dato curioso lo representa el hecho de que Steven Twain, quien se desempeña como administrador de fondos del grupo de inversionistas, se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de febrero y ha sido “imposible de contactar”, según una declaración realizada por los encargados del sitio web oficial de BTC Global:

Steven (Twain) no se ha puesto en contacto con nadie del equipo gerencial o administrativo y tampoco ha efectuado ninguna transacción. Si alguien tiene cualquier información sobre su paradero, no dude en contactarnos”, establece el mensaje publicado en el portal digital.

A raíz del robo millonario, los informes reportan que se han suscitado varias amenazas de muerte contra los involucrados. Según lo reseñado por el Sunday Times, Cheri Ward, una de las administradoras principales, solicitó y recibió una orden de protección en contra de una persona que la acusaba directamente de la posible estafa