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Tharman Shanmugaratnam, viceprimer ministro de Singapur y presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), respondió el día de ayer a los otros diputados del país que la criptomoneda y la actividad comercial relacionada actualmente no representan ninguna amenaza para el sistema financiero de Singapur.

Afirmó que el MAS ha estado “estudiando de cerca estos desarrollos y los riesgos potenciales que representan. Por el momento, no hay argumentos sólidos para prohibir el comercio de criptomonedas aquí”.

Los comentarios fueron una respuesta directa a los legisladores Saktiandi Supaat, Lim Biow Chuan y Cheng Li Hui, que cuestionaron al primer ministro sobre la posibilidad de prohibir la criptomoneda en Singapur, según un documento de pedido previo a una reunión del parlamento el 5 de febrero.

El texto en respuesta dice:

“Por ahora, la naturaleza y la escala del comercio de criptomonedas en Singapur no plantea riesgos para la seguridad y la integridad de nuestro sistema financiero. Su uso en la realización de pagos es pequeño, y los volúmenes de compra de criptomonedas en Singapur tampoco son altos, son mucho más pequeños que en países como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur”.

Shanmugaratnam explicaba que los reguladores “no tienen preocupaciones más amplias sobre el riesgo sistémico con respecto a las criptomonedas”.

El comentario también coincide con un informe de octubre de 2017 en el que Ravi Menon, director general de MAS, indicó que el Banco Central no regularía las criptomonedas.

Sin embargo, Shanmugaratnam declaró  que la institución está consciente del posible uso de la criptomoneda en actividades ilícitas como el lavado de dinero y está tomando medidas relevantes para abordar el problema. En este caso MAS impondrá requisitos antilavado de dinero y financiamiento antiterrorista (ALD / CFT) a los intermediarios que compren, vendan o intercambien criptomonedas, dijo, y agregó:

“Establecimos este marco regulatorio ALD / CFT para intermediarios de moneda virtual el año pasado. como parte de nuestra consulta pública sobre el proyecto de ley de servicios de pago”.