En CoinCrispy hemos mencionado en varias oportunidades sobre los intentos de diversas agencias estadounidenses de involucrar la tecnología Blockchain dentro de sus procesos de gestión gubernamental. Sin embargo, los activos sustentados por la cadena de bloques no han corrido con la misma suerte, y diversas empresas vinculadas a las criptomonedas han recibido fuertes sanciones de parte de las autoridades de ese país.
Sin embargo, no sucede lo mismo con algunos funcionarios de los gobiernos estatales del país norteamericano, quienes han aprovechado su influencia para emitir algunas opiniones alejadas de la hostilidad. Hace apenas una semana, informamos sobre doce representantes del estado de Wyoming, quienes presentaron un proyecto de ley que buscaba eximir a los tokens de Blockchain de las leyes de valores.
Esta controvertida solicitud va en contra de todo lo planteado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), agencia del gobierno que ha emprendido una campaña de guerra contra los usuarios y empresas de criptomonedas, afirmando que los tokens emitidos en las ICOs podrían ser considerados como valores.
Ahora, un legislador del estado de Nueva York ha presentado un proyecto de ley donde solicita al estado la creación de un grupo de trabajo que pueda determinar el impacto de crear y emitir una criptomoneda respaldada por dicho estado. En este sentido, la investigación buscaría analizar los efectos de esta criptomoneda en la economía y la estabilidad financiera dentro y fuera de Nueva York.
El proyecto de ley pretende investigar además los pasos a seguir por el estado de Nueva York para liberar una criptomoneda y analizar cómo influirán las jurisdicciones estatales de la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros y Materias Primas sobre las transacciones económicas.
La Constitución de EE.UU es muy enfática con respecto a la emisión de monedas por parte de los estados, por ello este proyecto de ley ha desatado la polémica no solo en la comunidad de las criptomonedas, sino en todo el estado de Nueva York. En caso de que se adopte esta medida, el equipo de investigación tendrá un año para presentar un informe con sus conclusiones.
