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Corea del Sur no cesa de reprimir el sector de las criptomonedas, y ahora, según medios locales, la Comisión de Comunicaciones de Corea (KCC) ha impuesto multas a ocho casas de cambio del país por no implementar las medidas de seguridad adecuadas.

Dado que estos negocios han visto un auge de nuevos usuarios y volúmenes de transacciones récord en los últimos meses, se han convertido en objetivos atractivos para los hackers. Los atacantes no sólo apuntan a las criptomonedas, que por lo general se almacenan de forma más segura, sino que también intentan robar datos de los usuarios y otro tipo de información que luego se puede utilizar para hackear cuentas en otras plataformas de comercio de estos activos.

A través de una investigación encabezada por la KCSC, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información y la Agencia de Desarrollo de Internet de Corea, se determinó que ocho de las diez casas de cambio locales violaban la Ley de Redes de Información y Comunicación.

En sus comentarios sobre los problemas de seguridad encontrados, la Comisión de Comunicaciones de Corea comentó:

Aunque el tamaño de las transacciones y el número de usuarios están aumentando, las medidas generales de protección de los usuarios son insuficientes, como el incumplimiento de las medidas básicas de protección, como el establecimiento y funcionamiento de dispositivos de control de acceso y el establecimiento de normas sobre contraseñas para los encargados de manejar la información personal.

Las casas de cambio, entre las que destacan Korbit, Coinone y Upbit, han sido multadas por montos entre 10 y 25 millones de won (US$10.000 a US$25.000), un monto relativamente bajo si se tiene en cuenta la cantidad de dinero que generan estas empresas a diario.

Los reguladores reconocieron este hecho, y de hecho, un funcionario compartió que las multas impuestas son actualmente el máximo posible bajo la ley, y también son indulgentes dado que es la primera vez que estos intercambios han sido investigados. En este sentido, aseguró:

Sé que hay indicios de que la cantidad impuesta por cada empresa es demasiado baja, pero la medida impuso la cantidad máxima posible en virtud de la actual ley y ordenanza sobre redes de información y comunicación.