El presidente de la Comisión de Comercio Justo de Corea (FTC, por sus siglas en inglés), organismo que regula la competencia económica del país, ha redoblado sus esfuerzos para cerrar las casas de cambio de criptomonedas y ha solicitado al gobierno que regule esta industria.
Sin embargo, una entrevista radial emitida el día de ayer, el presidente de la FTC, Kim Sang-Joo, enfatizó que imposible cerrar las casas de cambio, añadiendo que la ley no permite a las autoridades como el Ministerio de Justicia emprender ninguna acción en contra de estas empresas.
El funcionario ofreció su opinión sobre las recientes y controvertidas declaraciones del Ministro de Justicia del país, Park Sang-ki. En una rueda de prensa hace una semana, este último reveló que el ministerio estaba preparando una legislación que básicamente prohíbe cualquier transacción basada en criptomonedas a través del comercio.
En esencia, un cierre total de las casas de cambio surcoreanas es uno de los objetivos del ministerio, según Park. La reacción violenta de los usuarios surcoreanos fue inmediata y feroz, obligando a la oficina del presidente a emitir una declaración que enfriaba los temores sobre una prohibición del comercio de criptomonedas, el mismo día de la declaración del ministro de justicia.
La declaración es particularmente notable, ya que proviene del presidente del grupo de trabajo sobre criptomonedas de Corea del Sur, un colectivo intergubernamental encargado de proponer un marco regulatorio para esta industria. De esta forma, la FTC se une al Ministerio de Estrategia y Finanzas, otro miembro del grupo de trabajo, al negarse a apoyar la prohibición propuesta por el Ministerio de Justicia.
Cuando se le consultó si el aumento de las inversiones en criptomonedas se debe a la excesiva especulación, el presidente Kim expresó:
Desde el punto de vista de un economista, no es una decisión justa y transparente prohibir la actividad económica. Sea especulación excesiva o no, la ganancia o la pérdida es responsabilidad del inversionista.
Además, Kim pidió un enfoque regulatorio más equilibrado con límites para los inversionistas. Una prohibición, si es necesaria, se extendería únicamente a las casas de cambio y a las plataformas de negociación que violen las normas.