Arrestos

Si bien el gobierno del país anunció que buscaban legalizar la minería de criptomonedas, el día de ayer cuerpos policiales detuvieron a un minero de bitcoins que residía en el estado Lara. Esto hace que muchos cuestionen cuál es el objetivo final del gobierno con respecto al desarrollo de la tecnología Blockchain en el país.

En esta oportunidad 21 mineros de bitcoins fueron incautados, los responsables trabajaban para la compañía Bitmain. La información del incidente fue difundida por la prensa local y las redes sociales de los cuerpos policiales del estado.

Daniel Andres Di Bartolomeo Viloria fue imputado por legitimación de capitales. enriquecimiento ilícito, delitos informáticos, financiamiento al terrorismo, fraude cambiario y daños al sistema eléctrico nacional.

La intervención policial ocurrió cuando los oficiales allanaron un galpón de la ciudad de Barquisimeto, todo se llevó a cabo bajo la dirección del Servicio de Investigaciones Penales (SIPEL), luego de que se emitiera una alerta por parte de la Corporación Eléctrica Nacional CORPOELEC, sobre un alto consumo eléctrico en la zona donde se hallaba el galpón.

El gobierno de venezuela ha demostrado un interés considerable por la tecnología Blockchain y el mercado de criptomonedas en las últimas semanas, pues se han llevado a cabo reuniones tanto en los sectores públicos como en los privados para abordar temas sobre tecnología Blockchain y criptomonedas. A eso hay que sumarle la creación de la criptomoneda Petro y la instalación del Observatorio Blockchain de Venezuela.

La minería de criptomonedas en Venezuela se encuentra en un limbo, pues cuando se toma en cuenta los procesos de importación, y pago de servicios e impuestos que amerita, una mina no se diferencia mucho de cualquier otro servidor en el país, pero eso no le ha impedido al gobierno tomar medida en contra de las personas que practican la minería. En las afueras de Caracas y Valencia ya se han registrado delitos, y como ya hemos reportado se han venido registrando detenciones a aquellos ciudadanos que tengan posesión de equipos de minería o que comercializaban las operaciones en portales como MercadoLibre.