Venezuela

Carlos Vargas, uno de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente dijo, en una entrevista con uno de los canales del Estado que el gobierno está evaluando las posibilidades de legalizar la minería de las criptomonedas.

El diputado explicó que el gobierno del país podría legalizar las operaciones de minería a través de la aplicación de un marco regulatorio para cripotoativos. Igualmente mencionó que espera que los venezolanos poco a poco vayan comprendiendo cómo usar las billeteras digitales y las casas de cambio.

Según Vargas, los comercios van a incorporarse al ecosistema con la implementación de incentivos fiscales, e incluso varias empresas dedicadas a la importación de productos en Venezuela manifestaron estar interesados en realizar negocios usando criptomonedas. De hecho, llegó a comentar que varias de las empresas son aquellas que se encargan de importar insumos para las cajas de alimentación Clap.

Por otro lado, se llegó a mencionar el tema de la nueva criptomoneda anunciada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de diciembre. Vargas explicó que la primera emisión del “Petro” estará respaldada por las reservas petroleras del país. Así que para poder tener en posesión una de las monedas será necesario poseer una cantidad determinada del hidrocarburo.

Con un nivel de financiamiento claramente reducido, los problemas de Venezuela van desde el pago de su deuda externa hasta la importación de artículos de primera necesidad. Según se puede leer en un comunicado publicado por el departamento de prensa de la Casa Blanca, la sanción norteamericana prohíbe ejecutar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su empresa petrolera estatal PDVSA.

En todo caso, con un precio del Bitcoin amenazando con alcanzar los US$ 17.000 en las próximas horas, lanzar una criptomoneda respaldada por el petróleo, que se cotiza a la baja en la bolsa de valores, y cuya industria petrolera venezolana (PDVSA) está a punto de la quiebra, parece más bien una medida política en respuesta a las sanciones norteamericanas, en vez de una estrategia lógica para que Venezuela pueda “respirar” a nivel económico.