La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés), ha emitido una guía reglamentaria para las empresas que consideran lanzar una oferta inicial de moneda (ICO). De acuerdo con un documento publicado en el sitio web de la institución, el tratamiento legal de las ICOs variará dependiendo de la estructura de las mismas.
A pesar de que algunas ventas simbólicas serán clasificadas bajo la ley general de consumo de Australia, las ICOs que ofrezcan productos financieros serán reguladas por la Ley de Sociedades Anónimas. En este último caso, la ley implicará algunas protecciones para los inversionistas. El documento de la ASIC afirma:
En algunos casos, los emisores de ICOs pueden enmarcar los derechos recibidos por los inversionistas como un recibo de un servicio comprado. Sin embargo, si el valor de las monedas digitales adquiridas se ve afectado por la puesta en marcha en común de los fondos de los contribuyentes o el uso de esos fondos en virtud del acuerdo, entonces es probable que la ICO caiga dentro de los requisitos relacionados con los SIG (Planes de inversión gestionados), lo que ocurre a menudo si lo que se ofrece a través de la ICO tiene los atributos de una inversión.
Por su parte, el documento revela que si una ICO es considerada una emisión de valores, existe una variedad de obligaciones de registro y licencia bajo la Ley de Sociedades Anónimas. Además, en caso de que una ICO ofrezca un producto financiero, el operador de la ICO también puede requerir una licencia de mercado para vender los tokens. De igual forma, el comunicado establece que los documentos técnicos de las ICO están legalmente obligados a no emitir declaraciones engañosas.
En el caso de que los tokens no sean considerados como productos financieros, el comisionado del ASIC, John Price, dijo que los inversionistas tendrán que evaluar muy bien la documentación de la ICO, ya que no se protegerá el derecho del inversionista según la ley correspondiente.
Estas declaraciones se producen poco después de que China promulgara una prohibición general de los esquemas de las ICOs, afirmando que son ilegales y perjudiciales para la estabilidad económica y financiera del país. Varias autoridades internacionales, incluyendo Rusia, el Reino Unido y Singapur, han emitido declaraciones sobre estas ventas simbólicas en los últimos meses, advirtiendo a los inversionistas que no pueden protegerlos según la ley.