El gobierno de Australia propuso una ley de ciberseguridad el pasado viernes para obligar a las compañías tecnológicas como Google y Facebook a colaborar con las autoridades descifrando mensajes encriptados enviados por personas sospechosas de pertenecer a grupos extremistas.
Sin embargo, muchos expertos consideraron, al igual que Facebook, advirtieron al gobierno que este tipo de servicios de cifrado puede dejar las comunicaciones vulnerables al ataque de hackers.
El gobierno expresó que esta nueva ley está inspirada en la Ley de Poderes de Investigación británica, que fue aprobada por el Parlamento de ese país en noviembre pasado y otorgó un alto poder de vigilancia a las agencias de inteligencia.
Este proyecto de ley, que permitirá a los tribunales ordenar a las empresas tecnológicas que descifren rápidamente las comunicaciones, será presentado al Parlamento en noviembre, según las autoridades.
Incapacidad de las autoridades por hacer cumplir la ley
La ley expresa que las empresas de Internet tendrán los mismos deberes para ayudar a las autoridades que las empresas de telefonía. Así lo informó el primer ministro australiano Malcom Turnbull.
Turnbull también afirmó que las agencias policiales eran cada día más incapaces para investigar lo que los terroristas, pedófilos y narcotraficantes hacían. Esto se debe a los altos niveles de cifrado en sus mensajes.
El Fiscal General George Brandis, expresó que el crecimiento tecnológico de las aplicaciones de comunicación cifrada era el mayor retroceso de la inteligencia humana que haya visto en su vida. En este sentido, indicó que sostuvo una reunión con el principal criptógrafo del gobierno de Gran Bretaña, llegando a la conclusión de que era posible decodificar mensajes encriptados en un tiempo ideal para que la policía actúe.
Por su parte, Facebook sostuvo que tenía un protocolo para ayudar a la policía, pero que no era posible leer mensajes cifrados individuales, ya que debilitar el sistema para ayudar a la policía, era debilitar el sistema para todos sus usuarios.
Australia fue el principal impulsor de un acuerdo alcanzado en la más reciente cumbre del G20, en la que se solicitó a la industria tecnológica un mayor acceso a la información privada para la protección contra los terroristas.
Una de las cifras en las que se apoya el gobierno australiano para esta petición, es que el 65% de las investigaciones asociadas al crimen organizado, incluyen algún tipo de cifrado.
