El parlamento alemán ha aprobado una ley de próxima entrada en vigencia, que prevé en su articulado algunas regulaciones contra los discursos de odio.
La nueva legislación ordena que las redes sociales eliminen de manera expedita cualquier clase de contenido que sea “obviamente ilegal” dentro de un plazo de 24 horas. En casos especialmente complicados, este plazo podría ampliarse a una semana; pero sea como sea, las empresas de estas redes que no eliminen dicho contenido en e plazo estipulado, enfrentarán el pago de severas multas, que pueden ser como mínimo 5,7 millones de dólares, pero se pueden elevar hasta 57 millones.
El contenido considerado ilegal incluye lenguaje de odio, difamación e incitación a la violencia, además de noticias falsas. En opinión del ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, esta ley se ha hecho imperativa, ya que “la experiencia nos enseña que, sin presión política, los operadores de las grandes plataformas no cumplirán sus obligaciones”.
Das #NetzDG ist mit den Stimmen von Union und SPD angenommen worden. Wir werden die Auswirkungen genau beobachten und Gesetz begleiten.
— Markus Beckedahl (@netzpolitik) June 30, 2017
La nueva ley, que rápidamente ha recibido el apodo de “Ley Facebook” ya comienza a levantar polvo, ya que se cree que la mencionada red social tendrá problemas para ceñirse a ella, al igual que Twitter. A pesar de que Facebook ha estado desarrollando algoritmos y contratando personal para dedicar esfuerzos a la lucha contra el lenguaje de odio y las noticias falsas, más del 60 por ciento de ese contenido no es eliminado.
En Twitter los números son aún más magros, siendo que casi no elimina contenido reportado de este tipo. En particular Twitter tarda más de 24 horas en eliminar contenido abusivo reportado, en los casos en que lo elimina.
Por otra parte, la nueva ley ha disparado las alarmas de activistas y organizaciones en pro de la libertad de expresión, ya que les otorga a las redes sociales la potestad de decidir qué expresiones son o no legales, lo cual decidirán de la manera que les resulte más fácil y barata, en función de su beneficio. Llaman a esto “privatizar la censura”.
