Acusaciones de espionaje contra el gobierno mexicano acaban de desatar un ciberescándalo bastante notorio. Varios periodistas se hallan entre las víctimas. El recurso utilizado para esta labor de espionaje se llama Pegasus, que es una herramienta maliciosa desarrollada en Israel por la empresa NSO Group para organismos de seguridad y para gobiernos en su lucha contra el terrorismo.
Aunque los gobiernos pueden comprar y usar este software, la manera de que sea legal requiere que medie la autorización de un juez. Y para ello, la entidad que planee usar Pegasus debe aportar indicios de que las personas espiadas están involucradas en actividades criminales o que supongan riesgo de seguridad nacional. En cambio, lo que ha ocurrido es que las personas sometidas a este proceso de espionaje son activistas y periodistas destacados por su trabajo en pro de los derechos humanos.
La infección que realiza Pegasus le permite acceder a prácticamente toda la información del dispositivo afectado, que se puede contaminar por medio de un cebo que se envía en un mensaje instantáneo.
Aquí la postura del @gobmx respecto de la nota del New York Times. pic.twitter.com/KZpnbDyxka
— Eduardo Sánchez H. (@ESanchezHdz) June 19, 2017
El escándalo de espionaje ha desatado una ola de reacciones de repudio en las redes sociales, además de las correspondientes denuncias por parte de los afectados. El gobierno mexicano niega categóricamente el uso de esa clase de software, pero no ha podido desvincularse de NSO Group, ya que la postura sobre el particular es de indicar que tal información es “clasificada”. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado, además del espionaje en sí, el gasto en que han incurrido diferentes instituciones de gobierno para adquirir software espía.
El gobierno no ha desmentido (porque no puede) que es cliente de NSO. #GobiernoEspía pic.twitter.com/bSHCNNHUEB
— Luis Fernando García (@tumbolian) June 20, 2017
La violencia es un problema endémico en México, en particular la que se ensaña contra periodistas y defensores de derechos humanos. Sumado a esto, las acusaciones de ciberespionaje por parte del gobierno al gremio de comunicadores son solo un eslabón más en la tormentosa cadena a la que esta profesión se enfrente en el país.
