La Administración del Ciberespacio de China (CAC, por sus siglas en inglés) aplicó nuevas restricciones a la difusión de informaciones por medios digitales, de acuerdo con un anuncio emitido por el ente el 2 de mayo.
A partir del primero de junio de 2017, todo medio informativo que pretenda operar en China necesitará contar con un permiso especial expedido por el gobierno. La regulación afecta portales de noticias y foros, pero también blogs, cuentas públicas en redes sociales, y hasta servicios de mensajería instantánea. Indicó la CAC que la nueva reglamentación busca “fortalecer en un futuro el imperio de la Ley en el ciberespacio, y promover el desarrollo saludable y ordenado de los servicios de noticias e información en internet”.
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Haciendo alarde del proverbial hermetismo chino en estos asuntos, el comunicado no aporta mayores detalles, más allá de la vaga promesa de “salvaguardar los legítimos derechos e intereses de los usuarios”.
Analistas consideran que la nueva regulación pretende cerrar el agujero legal que quedó en 2014, cuando una ley temporal establecía la necesidad de permisos para cualquier editor que pretendiera la difusión de noticias e informaciones. A pesar de ello, la enorme difusión de las redes sociales dificultaba mucho esta clase de control. De modo que llegan a la conclusión de que esta regulación no es más que otro movimiento en el sentido de controlar el flujo de información para mantener a raya el disenso político.
Desde hace un tiempo, los medios han bautizado a todo este conjunto de regulaciones con el nombre de “La Gran Muralla Cortafuegos”, en un juego de palabras alusivo a la Gran Muralla China. Para enero, también será necesario contar con un permiso gubernamental para conectarse a través de una VPN.
A ojos de la organización para los derechos humanos Freedom House, esto es muestra de por qué China ha sido catalogada por dos años consecutivos como el “peor país en términos de abuso de la libertad de internet”, agregando que los “severos castigos a la expresión libre y el deteriorado entorno legal está socavando significativamente el activismo en línea”.
