El Gobierno Chino acaba de aprobar una nueva ley que exige a las empresas del sector tecnológico de origen extranjero, facilitar el código fuente de sus servicios, software y/o herramientas.
La ley sera aplicada por las autoridades que en su investigación impliquen el uso de tecnologías de empresas extranjeras, y según declaraciones del Gobierno entrará en vigencia en Junio del 2017. Las bases de esta ley, se apoyan en cuestiones relativas a la seguridad nacional y protección de los ciudadanos Chinos.
Para poner en contexto, esta ley podría compararse a las peticiones que el FBI realizó a la empresa Apple para acceder a un iPhone implicado en un atentado terrorista. Sin embargo, en lugar de pedir solo acceso, las autoridades del Gobierno Chino tendrían acceso total al código fuente del software utilizado en el smartphone.
Al igual que en el caso del FBI vs. Apple, proporcionar el código fuente cualquier herramienta supondría un grave atentado contra la seguridad de la misma, pues nada evitaría que este sea filtrado, utilizado para desarrollar exploits e intervenir a usuarios.
Las empresas tecnológicas aún no han reaccionado ante las implicaciones de esta ley y su magnitud, pero sin duda serán en contra y rechazándola. El problema, es que a diferencia del caso en contra el FBI, Apple pudo rechazar la solicitud al tratarse de un juicio local. En este caso hablamos de una ley a ser aplicada en el territorio Chino.